Forcadell acata el 155 y da un valor simbólico a la declaración unilateral de independencia

La presidenta del Parlamento catalán en funciones, Carme Forcadell, ha declarado este jueves durante dos horas y cuarto en el Tribunal Supremo, imputada por rebelión, o sedición, y malversación. Forcadell, la primera de los seis investigados citados este jueves, ha respondido a las preguntas de la Fiscalía del Tribunal Supremo, un cambio de estrategia respecto a los ocho consejeros catalanes que fueron encarcelados el pasado jueves por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Ellos optaron por callar, solo atendieron a sus abogados defensores y rechazaron explicarse ante el Ministerio Público.

Además, Forcadell y los dos miembros de la Mesa han acatado la aplicación del artículo 155 en Cataluña y han dicho que la declaración de independencia del 27-O tenía «carácter simbólico». El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, apuntó esta semana que las medidas cautelares que la Fiscalía pediría contra los investigados por el Supremo dependerían de su declaración y, respecto a la prisión provisional para los exconsellers del Govern, sugirió que si hubieran acatado la Constitución y el 155 "a lo mejor alguna cosa hubiera cambiado".

Según otras fuentes presentes en la declaración, Forcadell ha defendido también a lo largo de su declaración que siempre ha permitido el debate sin prejuzgar el resultado ni controlar el contenido, con el fin de preservar el derecho a la actividad parlamentaria y el debate libre. A su juicio, evitar un debate parlamentario habría sido un incumplimiento de la legalidad aplicable a la Mesa del Parlamento, de la legalidad internacional y de los principios del Estado Democrático. Por ello, ha defendido que en todo momento ha cumplido con sus funciones como presidenta defendiendo la soberanía del Parlament y los derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados.

El cambio de estrategia supone una ruptura evidente en las filas independentistas. Mientras los consejeros de Puigdemont están en la cárcel por perseverar ante el juez en la hoja de ruta secesionista y los huidos alientan el independentismo desde Bélgica, los aforados del Tribunal Supremo han decidido recular y asumir el nuevo escenario tras la intervención de la Generalitat por parte del Ejecutivo de Rajoy.

Clima de tensión en las puertas del Supremo 

A las nueve y diez de la mañana aterrizó en el alto tribunal la presidenta de la Diputación Permanente del Parlament, el órgano que rige la cámara autonómica hasta que haya nuevos diputados, en un vehículo ella sola. Los demás investigados -los antiguos parlamentarios catalanes Lluís María Corominas, Ramona Barrufet, Anna Simó, Lluís Guinó y Joan Josep Nuet- llegaron al Tribunal Supremo juntos en una furgoneta. La tensión estalló a su llegada, en una mañana fría y desangelada en Madrid, una ciudad con las calles vacías y sin tráfico de coches que celebra este jueves la fiesta de su patrona, la Virgen de la Almudena.

El siguiente en responder a los cuestionarios ha sido Lluís María Corominas, que se extendió durante 50 minutos y también ha optado por responder a la Fiscalía. En tercer lugar y siguiendo la misma estrategia ha declarado durante 55 minutos Lluís Guinó. Antes del receso de la hora de comer ha sido el turno de Anna Simó, que se ha extendido durante una hora y cuarto. La comparecencia en la que el Ministerio Público solicitará las medidas cautelares para asegurar la disponibilidad de todos ellos ante la justicia, entre las que está la prisión preventiva, se celebrará al finalizar todas las declaraciones. 

Todos los investigados que han declarado hasta antes del receso para comer, han asumido la aplicación del artículo 155, según fuentes jurídicas presentes en las declaraciones. También han restado valor a la declaración de independencia. Forcadell ha reconocido que no tuvo efectos juridicos y Corominas y Guinó han asegurado que fue un acto «simbólico». Los imputados que provienen del PDECat han sido más explícitos en sus palabras al acatar la vuelta a la legalidad, según estas fuentes. La Fiscalía ha preguntado a Simó si pretende presentarse a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre y ha dado a entender que sí.

Todos los investigados formaron parte de la Mesa del Parlament que tramitó las leyes de la ruptura, las normas creadas por el secesionismo para dar cobertura legal al proceso independentista ilegal. La Fiscalía considerar que los líderes independentistas violaron la Constitución al empujar hacia la independencia por las vías ilegales, desoyendo las resoluciones del Tribunal Constitucional y enfrentando a la sociedad catalana contra el Estado. El Ministerio Público acusa a los antiguos gobernantes catalanes de dirigir esta estrategia. 

Forcadell y los demás miembros de la Mesa del Parlament han dispuesto de una semana más para preparar sus interrogatorios. Así lo solicitaron sus abogadores defensores el jueves pasado, una petición que fue aceptada por el juez instructor del caso, Pablo Llarena, que acordó someterles a vigilancia policial mientras tanto. Esta semana ha estado marcada por el encarcelamiento preventivo de los ocho consejeros que comparecieron en la Audiencia Nacional, Oriol Junqueras entre ellos. Lamela acordó esta decisión para evitar que se fuguen, siguiendo el ejemplo de Carles Puigdemont, y para evitar que sigan delinquiendo. 

En los primeros interrogatorios de la mañana han estado presentes los fiscales del Supremo Consuelo Madrigal, antigua fiscal general del Estado, y Fidel Cadena. Los fiscales Javier Zaragoza y Jaime Moreno, el que acusó al inhabilitado Francesc Homs, están presentes en el alto tribunal para participar después. El Ministerio Público sostiene que los imputados actuaron contra la ley al permitir que el Parlament sacara adelante las leyes de la desconexión, la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica. La Fiscalía sitúa el inicio del plan secesionista ilegal, una estrategia que lleva más de dos años en marcha según su visión, en la declaración de desconexión que aprobó el Parlamento catalán el 9 de noviembre de 2015.