La 'República de Catalunya' ya tenía preparados los presupuestos del año 2018

La Generalitat que presidió Carles Puigdemont llevaba preparando los presupuestos de la nueva "República catalana" al menos desde el pasado mes de junio. Hasta el extremo de que los líderes nacionalistas tenían ya ultimada hace cinco meses la presentación de lo que bautizaron directamente como "Ley 1/2018 de 2 de enero".

Este documento, fue remitido a las seis de la tarde del pasado 20 de junio al entonces secretario de Hacienda, Josep Lluís Salvadó, por parte de Anna Tarrach Colls, directora general de Presupuestos. 

A lo largo de aquella jornada Tarrach y Salvadó discutieron, entre otras cuestiones, la "portada" de los futuros presupuestos de la Cataluña independiente para "decorarla y mejorarla como se quisiera". Debatieron qué fotografías de localidades catalanas debían ilustrar su carátula así como su diseño. Llama la atención en dicho documento que el Gobierno catalán de Puigdemont ya tenía elaborado, entre otras cuestiones, el membrete oficial del "Gobierno de la República de Cataluña" y había encargado con fondos públicos la elaboración de sus nuevos logos.

Estas comunicaciones, que constituyen una de las pruebas más gráficas conocidas hasta el momento de los trabajos preparatorios para la independencia con cargo al erario público, obran ya en poder del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga estas actuaciones por un delito de malversación de caudales públicos. De hecho, las gestiones se llevaron cabo a través de los correos electrónicos oficiales de los altos cargos, que han sido ya intervenidos por los investigadores. 

En el marco de este procedimiento judicial, en el que se examinan los preparativos para el referéndum ilegal del pasado 1-O, la Guardia Civil se encuentra en estos momentos cuantificando la cifra exacta de fondos públicos dispuesta por el Gobierno de Puigdemont en actos ilícitos.

No en vano, el juzgado ha oficiado ya a la Generalitat la petición de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Guardia Civil para que informe de manera inmediata y con todo lujo de detalles de todos los trabajos que se han encargado, pagado y ejecutado en relación con el intento fallido de ruptura de Cataluña con el Estado español. 

Los investigadores han reclamado el "desglose", partida por partida, de todos los fondos dispuestos para la consulta del 1-O así como para cualquier otra actividad relacionada con la secesión. El requerimiento exige que la contestación contenga "al menos" una serie de partidas. Entre ellas, "el pago de informes previos a la celebración del referéndum"; la "publicidad en los medios, pagos para la creación de los distintos eslóganes relacionados con el referéndum y pago de su difusión en los distintos medios, televisión, radio y prensa". 

Asimismo ha solicitado el coste del "material electoral, urnas, papeletas, sobres, gastos de envío del llamado censo electoral realizado al menos por Unipost, etc.". 

A su vez pide que la contestación de la Generalitat contenga los "gastos relacionados con las distintas webs creadas con el fin de difundir el referéndum y el coste de aquellos medios informáticos para la emisión y escrutinio de votos, así como aquellos dispositivos electrónicos adquiridos para la verificación de los votos emitidos con el censo disponible". 

De manera paralela la Guardia Civil y el juez han pedido los "costes relacionados con el traslado y estancia de los distintos observadores internacionales invitados para la verificación del referéndum" y el "pago por los actos de apertura (contratación del local denominado Tarraco Arena) y clausura (Font Mágica de Montjuic) del citado referéndum". 

Por último, ha instado la entrega del "pago a personal empleado para llevar a término el referéndum". Y se ha precisado por parte del juez que se detalle "en qué partida y a qué conselleria se repercutieron los mismos".

Se da la circunstancia de que en el mismo procedimiento judicial ha quedado también acreditado que el ex secretario de Hacienda del Gobierno catalán calificaba "del todo inviable" la independencia de Cataluña poco después. Josep Lluís Salvadó admitió a otro alto cargo autonómico hace tres meses que "aún se carecía de muchas cosas necesarias, como control de aduana o banca propia".

El número dos del entonces vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, precisó el pasado 30 de agosto en una conversación intervenida que tenía previsto reunirse con una enviada del ex presidente Carles Puigdemont. Esta cita tenía como objetivo, según la misma conversación, abordar la situación económica con vistas a declarar la independencia el pasado mes de octubre. Salvadó consideraba que no se daban todavía las circunstancias adecuadas y reveló su preocupación ante la contestación que debía darle a la emisaria de Puigdemont. 

Y es que temía que sus objeciones a la secesión pudieran ser interpretadas en el seno del PDeCAT como un intento por parte de ERC de poner trabas a la independencia. Por lo que finalmente optó directamente por "torear" a la interlocutora que le mandaron. 

El primer documento con el logo catalán independiente

El número dos de Oriol Junqueras se intercambió numerosos correos electrónicos desde su cuenta oficial de la Generalitat el pasado mes de junio con la responsable del área de Presupuestos del Gobierno catalán para poner en marcha las cuentas del futuro estado independiente. Josep Lluís Salvadó supervisó personalmente todos los detalles, incluida la presentación oficial del documento, llegando a seleccionar incluso las fotografías de la portada