El PP alerta de que el Gobierno de Cantabria quiere crear una mesa de contratación por Consejería

23/03/18


La portavoz de Presidencia del grupo parlamentario Popular, Isabel Urrutia, ha denunciado la intención del Gobierno de Cantabria de suprimir la Mesa de Contratación común para crear ocho, una por Consejería, lo que supone “imponer la parcialidad y el ‘mangoneo’, frente a la independencia y la profesionalidad”. Se trata, según ha explicado de una propuesta que “han colado en el proyecto de ley del Gobierno en el minuto de descuento, ante la insistencia de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, lo que nos parece como mínimo sospechoso”.

La diputada del PP anuncia que mañana pedirá explicaciones al Gobierno en el Parlamento de Cantabria, donde, a petición del grupo parlamentario Popular, comparecerán los secretarios generales de Presidencia y Justicia, y Obras públicas y Vivienda, así como de la directora general del Servicio Jurídico con motivo de la tramitación de la nueva Ley de Régimen Jurídico del Gobierno, la Administración y el Sector Público Institucional de la Comunidad autónoma de Cantabria. Según explica Urrutia, son varios los motivos que han llevado al PP a pedir la comparecencia de estos tres altos cargos, dada la “extraña” tramitación de este proyecto de ley que no se ha realizado con arreglo a la normativa vigente.

“Si algo ha existido en esta tramitación ha sido la obsesiva persistencia del secretario de Obras públicas, Jesús Herrera, para que el Gobierno de Cantabria pueda disponer de una mesa de Contratación por Consejería o lo que es lo mismo, para que Obras Públicas tenga en cuanto se apruebe esta ley una mesa de contratación que con la actual normativa no tiene y nunca podría tener, ya que se establece una sola Mesa de Contratación autonómica”.

Urrutia subraya que lo que se comenzó pidiendo es que fuera el propio consejero de Obras Públicas y Vivienda el que presidiera las mesas de contratación cuando el objeto del contrato tenía que ver con su Consejería. “Ante tal barbaridad, cambió y pidió que fueran los secretarios generales quienes presidieran la mesa de contratación autonómica cuando el contrato era de su competencia y después, cuando el anteproyecto de ley estaba encima de la mesa del Consejo de Gobierno para mandarlo al Parlamento, consiguió que cada consejería tuviera su propia mesa de contratación y no una sola única, centralizada y común a la Administración General de nuestra Comunidad Autónoma”.

Con esta nueva norma, y si el Parlamento no pone remedio, “pasaremos de tener una sola mesa autonómica centralizada, imparcial, independiente, transparente y alejada del órgano gestor a tener tantas mesas como consejerías haya”. Con ello la diputada del PP considera que se daría el visto bueno a la intención del secretario de Obras Públicas y Vivienda del ‘yo me lo guiso, yo me lo como’.

Mientras que la norma estatal recientemente aprobada apuesta por la centralización y la profesionalidad, el Gobierno de Cantabria hace todo lo contrario, queriendo imponer ahora la descentralización, la parcialidad el mangoneo. “No sabemos si el PRC le habrá metido al PSOE un gol por la escuadra en tiempo de descuento, después de que todos los informes estuvieran firmados, pero lo que no vamos a consentir desde el PP es que metan un gol al Parlamento”.

Desde el Partido Popular se considera injustificable que ahora se quiera suprimir la mesa autonómica que viene funcionando desde hace 30 años de forma normal y sin queja conocida. “No logramos entender la descentralización cuando la tendencia es a la centralización en la contratación para evitar cosas raras. No logramos entender el afán de algunos de mangonearlo y decidirlo todo, cuando la lejanía y la independencia del órgano de contratación al órgano gestor es una garantía de imparcialidad y de integridad, además de tener una mayor seguridad jurídica en la contratación, de forma destacable para los licitadores”, lamenta Urrutia, que considera que Cantabria necesita seguridad jurídica, requiere profesionalizacón, ausencia de conflicto de intereses, control, igualdad de criterios y no necesita problemas; tanto para la administración como para los licitadores.