Cantabria se suma a la Declaración de Galicia que rechaza la propuesta de la Comisión para el nuevo marco financiero de la UE

El documento critica especialmente la centralización de la toma de decisiones en los Estados miembros, la menor transparencia en el reparto de recursos y el debilitamiento del papel de las regiones, lo que podría poner en riesgo el principio de cohesión territorial de la Unión. Igualmente, las regiones españolas manifiestan su inquietud por la disminución de la financiación destinada a la política agraria y a la política pesquera común. La delegación española reclama que la Comisión revise esta propuesta y pide al Gobierno de España que defienda esta posición en el Consejo.

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia, ha rubricado hoy esta declaración en Santiago de Compostela, tras la reunión de todos los miembros de la Delegación Española, encabezados por su máximo responsable y también presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

En su intervención en este encuentro, la consejera de Presidencia ha considerado que la Declaración de Galicia va a ser "un antes y un después" en el reconocimiento del papel estratégico de las regiones en Europa, así como en la gestión de los fondos, y ha recordado el "empecinamiento del Gobierno de España" de nacionalizar la distribución de los fondos europeos MRR y NextGeneration que "provocarán lamentablemente el próximo año la devolución de gran parte de los mismos".

Frente a ello, ha defendido la necesidad de una Unión preparada ante los nuevos retos "de la mano de las regiones", ha recordado que la política de cohesión "ha sido y sigue siendo el rostro más humano, solidario y de esperanza de la UE", y ha apuntado la evolución vivida en Cantabria a través de estos fondos. "La cohesión no es un gasto, es una inversión en resiliencia, y el próximo Marco Financiero Plurianual debe reflejarlo con claridad", ha subrayado.

Igualmente, Urrutia ha advertido de la política "regresiva" del nuevo marco financiero de la UE para el sector primario en Cantabria, que genera el 5,8 por ciento del PIB, 7.000 empleos directos y un negocio anual de 1.700 millones de euros con 600 empresas en nuestra comunidad. Según ha denunciado, la propuesta aprobada por la Comisión recoge un "recorte" de un 67 por ciento en el ámbito de la política pesquera común –unos 10 millones de euros menos-, y de un 22 por ciento en la agraria, -72 millones de euros de pérdida en la PAC-, y ha señalado los acuerdos alcanzados a nivel regional con el sector en sendas declaraciones unánimes para mostrar el "rechazo frontal" a la propuesta de la Comisión del pasado mes de julio.

Por último, la consejera del Gobierno cántabro ha defendido ante el resto de miembros de la Delegación Española en el CdR la gobernanza multinivel y la participación activa de las regiones en la definición, ejecución y evaluación de los programas y fondos. "Las crisis se gestionan desde la proximidad", ha remarcado, tras lo cual ha finalizado su intervención afirmando que cuando Europa "invierte en cohesión, invierte en estabilidad", y que "cuando confía en sus regiones, invierte en futuro".

Declaración de Galicia

La Delegación Española en el Comité de las Regiones reconoce el esfuerzo de la Comisión Europea por simplificar los instrumentos financieros europeos, pero considera que la propuesta actual concentra excesivamente la gestión en los Estados miembros, lo que resta transparencia, debilita el papel de las regiones y puede comprometer el principio de cohesión territorial.

El texto, aprobado en la denominada Declaración de Galicia, reclama una revisión profunda del planteamiento europeo sobre el Marco Financiero, en la línea del llamamiento hecho por el CdR en pasado 15 de octubre y del Parlamento Europeo, y pide al Gobierno de España que defienda esta posición en el Consejo de la UE.

Entre las principales demandas, la Delegación española ha subrayado la necesidad de un presupuesto europeo más ambicioso, por encima del 2 por ciento de la Renta Nacional Bruta europea, que permita afrontar los retos geopolíticos y cumplir los objetivos del Tratado en materia de cohesión, agricultura y pesca.

Las autonomías y entidades locales españolas piden reforzar la gestión compartida de los fondos entre la Comisión, los Estados y las regiones, por su eficacia y proximidad a las necesidades territoriales, además de mantener una política de cohesión fuerte y específica para todas las regiones, con un sistema de reparto justo que reduzca los desequilibrios territoriales y preserve el papel de las regiones ultraperiféricas.

En materia de agricultura y pesca, la delegación ha exigido garantizar la viabilidad de ambos sectores, que son estratégicos y que, según ha señalado, sufrirían una reducción real de financiación con el añadido de una carga de cofinanciación nacional en medidas que hasta ahora eran cubiertas al cien por cien por los fondos europeos.

También alertan del riesgo de la centralización de los fondos y defienden una participación real de las comunidades autónomas y entes locales en el diseño y ejecución de los programas.

Ante un plan eventual español de colaboración nacional y regional, han demandado incorporar capítulos regionales, de forma que las comunidades autónomas actúen como autoridades de gestión y se refuerce la cooperación con las administraciones locales.