El Gobierno cántabro refuerza los equipos psicosociales y duplica los efectivos de la Unidad de Valoración Forense para agilizar los tiempos de respuesta de la justicia

Durante la inauguración de las V Jornadas Cántabras de Derecho y Jurisdicción Social, organizadas en el marco del convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno de Cantabria, la consejera ha avanzado que el Ejecutivo autonómico ha duplicado desde hoy los efectivos de la Unidad de Valoración Forense, una medida dirigida a reducir los tiempos de emisión de los informes solicitados por los órganos judiciales.

Además, según ha apuntado la consejera, los equipos psicosociales pasarán a depender de la Dirección del Instituto de Medicina Legal para optimizar los recursos disponibles y mejorar su coordinación. 

Isabel Urrutia ha avanzado también en su intervención que el próximo mes de noviembre estará aprobado y publicado el decreto de la Oficina Fiscal y su relación de puestos de trabajo, dando respuesta a una reivindicación de la Fiscalía de Cantabria mantenida durante dos décadas y recogida año tras año en su memoria judicial.

La consejera de Justicia ha situado estas actuaciones en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Pacto para la Justicia de Cantabria, que, según ha recordado, constituye la hoja de ruta del Gobierno con los agentes judiciales de la comunidad para modernizar y mejorar la Administración de Justicia en la comunidad autónoma.

 "Hechos, cumplimientos y compromisos en el marco de un Pacto para la Justicia que avanza y que se desarrolla día a día", ha valorado la consejera.

En este contexto, Isabel Urrutia ha apuntado otras actuaciones desarrolladas por el Gobierno autonómico durante la legislatura en cumplimiento del Pacto para la Justicia, entre ellas la puesta en funcionamiento de nuevas dependencias judiciales, el refuerzo de las plantillas de funcionarios y la mejora del sistema de gestión procesal VEREDA y de la formación de sus usuarios.

También ha destacado el impulso al expediente judicial electrónico y la dotación de las sedes judiciales con medios tecnológicos para la realización de actuaciones telemáticas, la culminación de la digitalización de los registros civiles y la mejora de las condiciones económicas de los funcionarios de los cuerpos generales dependientes del Gobierno de Cantabria y de los profesionales que prestan los servicios de justicia gratuita.

Entre los principales hitos de la legislatura ha situado igualmente la implantación del nuevo modelo de oficina judicial en los ocho partidos judiciales de Cantabria, un proceso que ha calificado como "el reto de mayor complejidad" y que se ha desarrollado en la comunidad dentro de los plazos establecidos por la Ley Orgánica 1/2025, y con "nulo apoyo" del Ministerio.

Más medios para la Jurisdicción Social

Durante su intervención en las jornadas, la consejera de Justicia ha reiterado la reivindicación del Gobierno de Cantabria ante el Ejecutivo central para incrementar la planta judicial de la jurisdicción social, con nuevas plazas que permitan reducir los tiempos de resolución y la pendencia.

Ha explicado que el crecimiento de la actividad económica de Cantabria está teniendo también su reflejo en una elevada litigiosidad en el ámbito social, lo que hace necesario reforzar los medios personales de los órganos judiciales.

"Vamos a seguir luchando y reivindicando lo que Cantabria y su Administración de Justicia necesitan, y lo vamos a hacer juntos como lo hemos hecho durante toda esta legislatura", ha afirmado la consejera ante los profesionales de la justicia.

Sobre la jurisdicción social, ha destacado importancia como garantía de los derechos laborales y de la seguridad jurídica de las empresas, y ha felicitado públicamente a la nueva presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Elena Pérez, por su reciente designación.

Por último, Urrutia ha reafirmado la posición del Gobierno de Cantabria de respeto al Poder Judicial y defensa de la independencia judicial, así como su apoyo a jueces, magistrados y fiscales, frente a aquellos que "no solo critican el contenido de las resoluciones judiciales, sino que también atacan directamente a jueces y magistrados", un ataque que ha considerado "inaceptable".

En este acto también ha intervenido, junto a la consejera el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJC), José Arsuaga, y la presidenta de la Sala de lo Social del TSJC, la magistrada Elena Pérez, como directora de las jornadas. Igualmente, ha asistido el director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo del Ejecutivo cántabro, Juan Sáez Bereciartu.

Las V Jornadas Cántabras de Derecho y Jurisdicción Social reúnen estos días a profesionales y especialistas para abordar la actualidad de esta rama de la justicia y analizar propuestas que contribuyan a mejorar su funcionamiento y la tutela de los derechos laborales en la comunidad.

Además de jueces y magistrados, el encuentro está abierto también a la participación de la abogacía, los graduados sociales, letrados de la administración de justicia, letrados del Gobierno de Cantabria, letrados de la Seguridad Social, miembros de la inspección de trabajo y representantes del tercer sector.