El Gobierno de Cantabria estudiará la impugnación del convenio estatal de grandes cadenas comerciales del sector textil y del calzado

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, ha señalado que el Ejecutivo autonómico mantiene las reservas que ya trasladó formalmente al Ministerio de Trabajo y Economía Social durante la tramitación del convenio, advirtiendo de los posibles efectos que determinadas cláusulas podrían tener sobre la capacidad de las organizaciones sindicales y empresariales de Cantabria para negociar convenios colectivos propios. 

En concreto, el pasado 19 de junio de 2026, la Dirección General de Trabajo, Economía Social y Empleo Autónomo del Gobierno de Cantabria remitió un escrito a la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo solicitando que, en el ejercicio de las funciones de control de legalidad previas a su registro y publicación, se prestara una especial atención a diversos preceptos del texto por su posible afección al derecho a la negociación colectiva en ámbitos territoriales inferiores.

La principal preocupación del Gobierno de Cantabria se centra en los artículos relativos a la estructura de la negociación colectiva y a la concurrencia de convenios. En particular, el convenio incorpora el compromiso de las organizaciones firmantes de no promover ni suscribir convenios colectivos de ámbito autonómico o provincial para las empresas incluidas en su ámbito funcional, una previsión que, a juicio del Ejecutivo regional, podría limitar de facto el ejercicio futuro de la negociación colectiva en ámbitos territoriales inferiores. 

Aunque el Ministerio de Trabajo procedió finalmente al registro y publicación del convenio, el Gobierno de Cantabria considera que las observaciones formuladas desde la autoridad laboral autonómica no han quedado plenamente atendidas ni despejadas las dudas existentes sobre los efectos que el nuevo texto puede generar para la negociación colectiva territorial. Por este motivo, el Ejecutivo regional está analizando actualmente las distintas opciones jurídicas existentes, entre ellas la eventual impugnación del convenio ante la jurisdicción competente.

"Defender la negociación colectiva es defender la capacidad de los trabajadores y empresarios de Cantabria para acordar condiciones laborales adaptadas a nuestra realidad económica y social. No podemos permanecer al margen ante disposiciones que pueden restringir un derecho constitucionalmente protegido", ha señalado el consejero.

Desde el Gobierno de Cantabria se considera que el convenio autonómico constituye una herramienta fundamental para garantizar unas condiciones laborales equilibradas, adaptadas a la realidad socioeconómica de la región y fruto del acuerdo alcanzado entre los representantes de los trabajadores y de las empresas del sector en Cantabria.

Asimismo, el Ejecutivo destaca que la negociación colectiva desarrollada en Cantabria ha contribuido a compatibilizar la protección de los derechos laborales con el mantenimiento de la competitividad empresarial, especialmente en un sector integrado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas y comercio de proximidad, que representan una parte esencial del tejido económico y comercial cántabro.

En este sentido, el Gobierno considera necesario analizar también las consecuencias que la implantación del nuevo convenio estatal puede tener sobre la competencia en el sector comercial y sobre el equilibrio existente entre las grandes cadenas y el comercio local, en un contexto marcado por los cambios en los hábitos de consumo y la creciente concentración empresarial.

No obstante, antes de adoptar una decisión definitiva sobre la vía judicial, la Consejería de Empleo promoverá un espacio de diálogo con los agentes sociales. Para ello, el consejero ha anunciado la convocatoria del Consejo de Relaciones Laborales de Cantabria para el jueves 6 de agosto, con el objetivo de estudiar conjuntamente las implicaciones del nuevo convenio estatal, valorar posibles soluciones y explorar alternativas que permitan garantizar el respeto a la negociación colectiva autonómica.

La voluntad del Gobierno de Cantabria es agotar todas las vías de diálogo antes de acudir a los tribunales. Si durante este proceso se alcanzaran soluciones jurídicas o acuerdos que permitan salvaguardar los derechos de negociación colectiva de los agentes sociales de Cantabria, la impugnación judicial podría no resultar necesaria.

En cualquier caso, el Ejecutivo autonómico ha reiterado que utilizará todos los instrumentos jurídicos a su alcance para defender los intereses de los trabajadores, las empresas y el comercio de Cantabria, así como para preservar un modelo de relaciones laborales basado en el diálogo social, la autonomía colectiva y el respeto a las singularidades económicas y productivas de la comunidad autónoma.

"Defendemos un modelo de negociación colectiva que tenga en cuenta la realidad de Cantabria y que permita proteger tanto el empleo como la competitividad de nuestro tejido comercial. Nuestra prioridad es encontrar una solución dialogada, pero actuaremos con firmeza si fuera necesario para defender los derechos de negociación colectiva en nuestra comunidad autónoma", ha concluido el consejero.