El PRC afirma que el Gobierno "exige mucho, pero garantiza poco" con el nuevo decreto de FP

El PRC considera que el decreto elaborado por el Gobierno de Cantabria para establecer la ordenación general de la Formación Profesional en los grados D y E "exige mucho, pero garantiza poco", al imponer nuevas obligaciones sin concretar los recursos necesarios para implantar la reforma.

Por esta razón, los regionalistas han presentado 10 alegaciones al proyecto durante el trámite de información pública concluido ayer, con el objetivo de exigir "más recursos, protección del alumnado y apoyo a los centros educativos". 

"No se puede implantar un nuevo modelo sin garantizar antes los recursos y los apoyos necesarios para preservar la igualdad territorial". Así lo ha defendido la diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández Viaña, quien ha asegurado que su formación comparte la necesidad de adaptar la normativa autonómica al nuevo sistema estatal de FP, pero "hay que hacerlo bien".

A su juicio, la propuesta impulsada por la Consejería de Educación "traslada buena parte del funcionamiento del modelo a los centros educativos, el profesorado y las empresas colaboradoras, mientras deja sin concretar las obligaciones de la Administración en materia de financiación, planificación, apoyo y recursos".

Fernández Viaña ha advertido que la Formación Profesional dual "no puede sostenerse sobre el voluntarismo de los centros ni exigir esfuerzos adicionales al profesorado", como pretende el decreto al ampliar las responsabilidades de los equipos directivos, docentes y tutores "sin concretar reducciones horarias, incrementos de plantillas, apoyo administrativo y financiación suficiente".

Como consecuencia, ha advertido del riesgo de "aumentar las diferencias entre las distintas comarcas de Cantabria", dado que la disponibilidad de las empresas colaboradoras, la movilidad del alumnado y la realidad económica "no es igual en todas las zonas de la Comunidad Autónoma". 

"Cantabria no puede aplicar el mismo modelo en Santander que en Campoo, Liébana o los valles rurales sin medidas compensatorias", ha recalcado. 

Además, ha defendido que ningún estudiante debe ver limitada su formación por motivos económicos y ha reclamado que la Administración garantice tanto las plazas de formación en empresa como las ayudas precisas para sufragar los gastos de transporte, manutención o alojamiento cuando sean necesarios para completar la formación dual. 

Las alegaciones registradas por el PRC inciden en la necesidad de reforzar la seguridad jurídica del decreto, objetivar la planificación territorial de la oferta educativa, garantizar plazas de formación en empresa para todo el alumnado, mejorar las garantías en la evaluación, regular con mayor precisión la anulación de matrícula y reforzar las tutorías duales. 

Entre otras medidas, también demandan recursos suficientes para la orientación profesional, indicadores públicos de calidad, clarificar la responsabilidad de los centros públicos en relación con los privados y fortalecer la gobernanza del sistema mediante una mayor participación del Consejo de Formación Profesional y una evaluación periódica del propio decreto. 

Fernández Viaña ha insistido en que el PRC no cuestiona la necesidad de modernizar la Formación Profesional, sino la forma en que el Gobierno pretende implantar la reforma. "La adaptación normativa es imprescindible, pero el Gobierno de Cantabria debe entender que no es lo mismo aprobar un decreto que garantizar su funcionamiento", ha precisado.

Finalmente, ha agradecido el "especial interés" mostrado por el consejero de Educación, Sergio Silva, por las propuestas regionalistas y el momento elegido para su presentación, "una vez conocido el texto definitivo sometido a exposición pública y constatado que es manifiestamente mejorable".