Gómez de Diego anuncia que 149.000 trabajadores podrán beneficiarse en Cantabria de la reducción de la jornada laboral

La delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, ha destacado este miércoles que 149.000 trabajadores de la región se podrán beneficiar de la reducción de la jornada laboral impulsada por el Gobierno de España, tras la aprobación del anteproyecto de ley que fija en 37,5 horas semanales el tiempo máximo de trabajo para 2025.

"Supondrá un avance histórico en derechos laborales que mejorará la conciliación y la calidad de vida de miles de familias, sin que ello suponga una pérdida de poder adquisitivo". En un comunicado, Gómez de Diego ha destacado que se trata de la primera reducción de la jornada laboral legal máxima en España en 40 años, desde 1983, y ha asegurado que la medida responde al compromiso del Gobierno de España con "un mercado laboral más justo y productivo".

"La ciudadanía demanda mejores condiciones laborales y el Gobierno de Pedro Sánchez está dando respuesta con medidas concretas que refuerzan los derechos de los trabajadores", ha afirmado.

Así, ha recordado que esta medida se suma a otros avances laborales impulsados por el Gobierno de España, como la Reforma Laboral, que ha propiciado en Cantabria la creación de más de 47.000 contratos indefinidos, un 188% más que antes de su aprobación; la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 54%, que beneficia a cerca de 24.500 trabajadores en la región, y la creación de más de 17.000 nuevos puestos de trabajo en Cantabria. "Son políticas valientes que están dando resultados y que han permitido mejorar la estabilidad laboral y la calidad del empleo en nuestro país y en nuestra región", ha subrayado.

En este sentido, Gómez de Diego ha confiado en que "la derecha no vuelva a ponerse de espaldas a los trabajadores, como ya hizo con la reforma laboral, la subida del SMI o la revalorización de las pensiones". "El Partido Popular y la ultraderecha se opusieron a todas y cada una de estas mejoras, asegurando que traerían paro y ruina, y la realidad ha demostrado lo contrario: más empleo, más estabilidad y más derechos", ha señalado.

Servicios, hostelería y comercio

Según las estimaciones de Trabajo, en España la reforma podrá beneficiar a cerca de 12,5 millones de trabajadores y los colectivos más beneficiados por la reducción de jornada serán aquellos trabajadores no cubiertos por convenios colectivos, que actualmente pueden verse sometidos a jornadas laborales similares a las de hace más de cuarenta años, con especial incidencia en sectores como la hostelería, el comercio, la industria manufacturera o los servicios.

Para aquellos trabajadores que hoy en día realizan 40 semanales, esta reducción aplicada de forma lineal equivaldría a media hora menos de trabajo de lunes a viernes. Si ya se trabajan menos horas de 40, la reducción será proporcional y si la jornada pactada ya es de 37,5 horas o menos, el cambio no afectará. Las horas por encima de las 37,5 que hagan los trabajadores a partir de que entre en vigor la nueva jornada máxima serán consideradas extraordinarias.

El Gobierno abrirá una Mesa de diálogo Social para evaluar el impacto de la reducción de jornada de trabajo acometida por la nueva norma y seguir avanzando en la materia de jornada. Y las comisiones negociadoras de los convenios colectivos tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para realizar las adaptaciones necesarias que aseguren el cumplimiento de lo previsto en la norma, en particular, lo establecido respecto a la duración máxima de la jornada ordinaria.

Más derechos laborales

Además de la reducción de la jornada laboral, el anteproyecto de ley incluye otros dos cambios normativos que afectarán a los trabajadores: una reformulación del actual sistema de registro horario, que pasará a ser inscrito por medios digitales y accesible de forma remota por parte de la Inspección de Trabajo; y la determinación de un nuevo derecho más ampliado a la desconexión del empleado.

El anteproyecto, aprobado este martes en Consejo de Ministros, deberá seguir su tramitación parlamentaria antes de su entrada en vigor.