López Estrada pide al Gobierno que prohíba la pernocta indiscriminada de autocaravanas en la vía pública y no derive la responsabilidad a los ayuntamientos
El diputado y portavoz del PRC en materia turística, Javier López Estrada, propondrá un acuerdo en el próximo Pleno para que el Gobierno de Cantabria prohíba la pernocta indiscriminada de autocaravanas en la vía pública, permitida en el decreto regulador recién aprobado.
La propuesta de López Estrada surge tras el debate celebrado el lunes en el Parlamento, donde el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, derivó la responsabilidad de limitar y regular el estacionamiento de este tipo de vehículos a los ayuntamientos, "en un intento de lavarse las manos, echar balones fuera y dejar que sean otros quienes afronten el problema".
En contra de esta postura, el diputado del PRC apela a la legislación de Asturias, que sí regula lo que pueden hacer las autocaravanas, y pide que el Ejecutivo cántabro establezca, junto a los ayuntamientos, los mecanismos necesarios para evitar la pernocta indiscriminada fuera de espacios específicamente habilitados. De lo contrario, los 102 municipios de Cantabria tendrán que regular individualmente esta situación, lo cual resulta a su juicio "poco operativo y razonable".
López Estrada considera que la Comunidad Autónoma "debe actuar sin demora" para frenar la "creciente saturación turística y la presión ambiental vinculada al incremento del turismo de autocaravana", que provoca "un estrés brutal durante los meses de verano sobre muchas zonas del litoral y espacios naturales especialmente sensibles", entre las que ha mencionado Oyambre.
En este sentido, ha alertado de los problemas de saturación de playas y espacios públicos, ocupación de aceras, conflictos vecinales, vertidos, acumulación de residuos, presión sobre los servicios municipales y afecciones en espacios protegidos que conlleva la proliferación de autocaravanas, "con consecuencias muy preocupantes en enclaves de alto valor paisajístico y turístico".
A su juicio, el decreto aprobado por el Gobierno "no resuelve el problema de fondo", por lo que reivindica una alternativa coordinada con los municipios y un refuerzo de las labores de inspección y control sobre las áreas con estacionamientos turísticos no regularizados, sobre todo en suelo rústico de especial protección y en el litoral, donde se concentran los principales problemas de ocupación irregular y presión ambiental.
También plantea elaborar un mapa autonómico de zonas sensibles y de elevada presión turística para concretar donde deben establecerse limitaciones específicas de estacionamiento y permanencia durante periodos de alta ocupación.
En su opinión, Cantabria necesita "compatibilizar" el turismo itinerante con la convivencia vecinal, la protección ambiental y la actividad de los establecimientos turísticos reglados, para evitar "situaciones de competencia desleal con campings, hoteles y demás empresas sometidas a autorización, inspección y obligaciones tributarias".
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