Susinos confía en aprobar el nuevo Plan de Gestión del Lobo de Cantabria antes de que finalice el año

En la reunión también han participado los directores generales de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, y de Ganadería, Alfredo Álvarez, así como representantes de las organizaciones profesionales agrarias; las cooperativas agrarias; la Asociación Frisona de Cantabria (AFCA); la Federación Cántabra de Razas Cárnicas; la Asociación Caballar de Cantabria, y las diferentes asociaciones de animales de menor tamaño, como ovejas y cabras, además de la Federación de Municipios de Cantabria y de entidades conservacionistas como la Fundación Naturaleza y Hombre, en representación también de la Fundación Oso Pardo, y la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos.

Tal y como ha explicado Susinos, las principales novedades que trae consigo el nuevo Plan respecto al documento actual, vigente desde 2019, consisten en una actualización de la zonificación de los municipios de la región, al pasar de 3 a 2 zonas, con el objetivo de "homogeneizar las zonas en las que no debería haber presencia habitual de lobo y mejorar la eficacia a la hora de tramitar expedientes". 

De esta manera, la zona 1, que engloba aquellas áreas con presencia permanente de la especie y en las que merodean los grupos con cría confirmada en los últimos años, se ampliará con la incorporación de dos municipios: Arredondo y Ruesga, en base a los daños y a las características propias de los municipios, de tal manera que la zona 1 estaría integrada por 38 municipios.

En concreto, serían Anievas, Arenas de Iguña, Arredondo, Bárcena de Pie de Concha, Cabezón de Liébana, Cabuérniga, Camaleño, Campoo de Enmedio, Campoo de Yuso, Cieza, Cillorigo de Liébana, Hermandad de Campoo de Suso, Lamasón, Luena, Molledo, Peñarrubia, Pesaguero, Pesquera, Polaciones, Potes, Reinosa, Rionansa, Las Rozas de Valdearroyo, Ruente, Ruesga, San Miguel de Aguayo, San Pedro del Romeral, San Roque de Riomiera, Santiurde de Reinosa, Soba, Los Tojos, Tresviso, Tudanca, Valdeolea, Valdeprado del Río, Valderredible, Vega de Liébana, Vega de Pas y Mancomunidad de Campoo-Cabuérniga. 

Mientras, la nueva zona 2, que integraría las áreas que tienen una presencia menos estable del lobo, generalmente de ejemplares solitarios y de grupos sin cría confirmada, pero en la que en los últimos años se han repetido los episodios de daños a la ganadería, estaría formada por 62 municipios, que en la actualidad se reparten entre las vigentes zonas 2 y 3, ésta última integrada por aquellas áreas en las que en los últimos años no han registrado la presencia del lobo o lo hacen de forma muy testimonial y esporádica.

Baremo de daños y nueva línea de ayudas

La consejera también ha informado que la Consejería está trabajando con el sector para que se apruebe un nuevo protocolo de peritación de daños y un nuevo baremo de daños con el fin de actualizar y simplificar el protocolo que existe en la actualidad y "sea más ágil y preciso". En el caso del baremo de daños, ha precisado que "lo seguimos negociando porque la cuantía que se paga por los animales se ha desactualizado y tiene que incrementarse debido a la situación actual del mercado ganadero".

Otra de las novedades del nuevo Plan consistirá en la creación de una línea de ayudas específica para medidas preventivas ante los ataques de lobo en la ganadería de la región, ya que, tal y como ha recordado Susinos, "hasta ahora, la línea de ayudas era compartida para los grandes mamíferos y estaba inmersa en las ayudas de la PAC y, ahora, esa ayuda se destinará de manera específica a subvencionar la implantación de medidas preventivas como la compra de mastines y la instalación de vallados y cierres, entre otras actuaciones".

Además, la Consejería ha propuesto la oficialización de la Mesa del Lobo con el establecimiento de "los necesarios criterios que creemos que tiene que cumplir una mesa de estas características".

Extracciones

"Las propuestas que hoy traemos, están negociadas en mesas de trabajo acordadas en esta Mesa del Lobo y tratan de afianzar el modelo de coexistencia con la especie, basado en los necesarios e imprescindibles controles y que, además, busca facilitar y agilizar la gestión de las ayudas a los ganaderos", ha subrayado Susinos, quien ha informado en la reunión de la Mesa del Lobo del desarrollo de las extracciones de ejemplares de lobo que está llevando a cabo la Consejería conforme al actual Plan de Gestión para que "el necesario e imprescindible control poblacional de la especie garantice la coexistencia con el sector ganadero".

Así, a día de hoy los Agentes del Medio Natural de la Consejería de Desarrollo Rural han extraído 16 ejemplares de los 41 que recoge el cupo máximo macado dentro del Plan de Gestión del Lobo para la temporada 2025/2026. 

A este número, hay que sumar los 5 ejemplares que han fallecido por otras causas, como accidente o enfermedad desde que la especie salió del LESPRE y que también se computan en el actual Plan de Gestión del Lobo de Cantabria.

En el caso de los lobos extraídos proceden de manadas pertenecientes a las zonas de Campoo (6), Nansa (4), Besaya (3), Saja (2) y Asón (1). 

La consejera ha precisado que "en estos momentos tenemos activadas otras 5 posibles resoluciones que caducan el próximo 30 de junio y, en función de los daños que se hayan producido, se firmarán más resoluciones hasta el tope de 41 extracciones". 

"En Cantabria no queremos exterminar al lobo. Queremos convivir adecuadamente con esa especie y que nuestros ganaderos puedan seguir desarrollando su actividad", ha defendido Susinos, quien ha advertido que "el número de lobos que campan a sus anchas por Cantabria hace insostenible su coexistencia con la ganadería en extensivo".

En este sentido, ha recordado que en 2024 se certificaron 2.681 ataques, con un total de 3.233 cabezas de ganado muertas y 207 heridas, afectando a un millar de ganaderos aproximadamente y generando unas indemnizaciones que superan los 1,7 millones de euros.

Finalmente, ha recordado que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado, con imposición de costas, en dos ocasiones ya la solicitud de medidas cautelares solicitadas por varias asociaciones ecologistas para la suspensión de la ejecutividad de la resolución de 2 de abril de 2025, a lo que hay que añadir, ha puntualizado, "la denegación de un recurso a una de esas decisiones y el archivo por parte de la Fiscalía de la denuncia que había presentado al no apreciar delito ninguno".