Urrutia defiende el Estado de derecho en España ante el Grupo Popular Europeo en el Comité de las Regiones

La coordinadora de Política Local del PP de Cantabria y consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha expresado la profunda preocupación de su formación por la situación política en España con respecto a la violación del Estado de derecho durante una reunión de los líderes locales y regionales del PPE en el Comité de las Regiones (CdR) con el presidente del Grupo PPE-CDR, Olgierd Geblewicz, y con el eurodiputado Antonio López-Istúriz.

Urrutia, que ha participado en la reunión del PP Europeo aprovechando su presencia en Bruselas, ha advertido del desafío a la cohesión económica, social y territorial que suponen los pactos de Sánchez y ha pedido ayuda para frenar la ruptura del Estado de Derecho y la separación de poderes que supone la Ley de Amnistía.

Según la dirigente del PP, los acuerdos adoptados por el presidente de España con independentistas y separatistas, dan en la línea de flotación a la democracia y al Estado de derecho y representan un desafío de desigualdad e insolidaridad. Y ha abogado por fortalecer las políticas de cohesión de la Unión Europea con el fin de reducir las disparidades entre las regiones.

El Grupo del PPE-CDR se ha sumado al Grupo del PPE en el Parlamento Europeo para pedir a la Comisión Europea que condene la clara violación del Estado de Derecho y el debilitamiento de la separación de poderes y que, por tanto, examine los términos del acuerdo entre el presidente del gobierno socialista español, Pedro Sánchez, y el partido separatista catalán 'Junts'.

Los líderes locales y regionales del PPE reafirman que esta situación no es aceptable, que los principios del Estado de derecho no son negociables y que la UE no puede utilizar dos estándares para ninguna de sus regiones o estados miembros y debe garantizar el mismo trato para todos.

Y, en este sentido, el Grupo PPE-CDR ha pedido un debate durante el próximo pleno del Comité de las Regiones sobre las responsabilidades del Gobierno español por socavar el Estado de Derecho.