El Gobierno de Cantabria pide al Ministerio y resto de autonomías afectadas que se sumen a su iniciativa de llevar a la Fiscalía la cancelación del 'Reggaeton Beach Festival'

En concreto, solicitará al Ministerio y al resto de comunidades autónomas que se sumen a esta iniciativa con la que el Gobierno de Cantabria persigue un doble objetivo: contribuir a la defensa efectiva de los derechos de las personas afectadas por la cancelación del festival y promover, desde la experiencia vivida en Cantabria, una reflexión a nivel nacional sobre la necesidad de reforzar las garantías de los consumidores en este tipo de acontecimientos.

La Dirección General de Comercio y Consumo, dependiente de la Consejería de Industria, ha remitido un escrito a la Fiscalía de Cantabria poniendo en su conocimiento la situación generada tras la cancelación del evento y las consecuencias que dicha situación está produciendo para numerosos consumidores, muchos de los cuales continúan reclamando la devolución de las cantidades abonadas por entradas, gastos asociados y otros conceptos vinculados a su asistencia al festival.

En dicho escrito, se pone de manifiesto la posible existencia de intereses colectivos y difusos afectados, así como la conveniencia de que el Ministerio Fiscal pueda valorar las actuaciones que considere oportunas dentro del ámbito de sus competencias para la protección de los consumidores y usuarios.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha explicado que "cuando una incidencia afecta simultáneamente a centenares de consumidores, la actuación de las administraciones públicas debe orientarse no solo a la protección individual de cada afectado, sino también a la defensa de los intereses colectivos de todos ellos".

De manera paralela, la Dirección General de Comercio y Consumo ha trasladado a las asociaciones de consumidores de Cantabria un escrito en el que se expone la situación derivada de la cancelación del festival y se pone en valor el papel fundamental que estas entidades desempeñan en la defensa de los intereses colectivos de los consumidores.

"El objetivo es favorecer la máxima coordinación institucional y facilitar que las asociaciones valoren, en el ejercicio de su autonomía, las posibles actuaciones colectivas que el ordenamiento jurídico les reconoce para la protección de los afectados", ha destacado Arasti, quien ha considerado que las asociaciones de consumidores constituyen un instrumento "esencial" para canalizar reclamaciones colectivas, representar intereses comunes y reforzar la posición de los ciudadanos ante situaciones que afectan a un elevado número de personas.

Una propuesta de Cantabria para toda España

Junto a estas actuaciones, el Gobierno de Cantabria ha dado un paso más trasladando al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 una propuesta para su debate en el marco de la próxima Conferencia Sectorial de Consumo.

La iniciativa, tal y como ha destacado Arasti, persigue la creación de un espacio de trabajo interadministrativo que permita analizar las lecciones aprendidas de los recientes casos de cancelación de festivales y grandes eventos celebrados en distintas partes del territorio nacional y, a partir de esa experiencia, estudiar posibles mejoras normativas, administrativas y de coordinación.

Entre los aspectos planteados por Cantabria, figura el análisis de las garantías económicas exigibles a los organizadores, los mecanismos de protección de los consumidores ante cancelaciones, la coordinación entre administraciones competentes, la transparencia sobre la situación jurídica y financiera de las empresas organizadoras y el fortalecimiento de las herramientas de defensa colectiva de los afectados.

"La protección de los consumidores no puede limitarse a actuar una vez producido el daño. Debemos aprovechar esta experiencia para identificar posibles mejoras en el sistema y reforzar los mecanismos que permitan prevenir situaciones similares en el futuro", ha subrayado el consejero, quien ha asegurado que la Dirección General de Comercio y Consumo mantiene, desde la cancelación del evento, una labor permanente de información, orientación y asistencia a los afectados a través de los distintos servicios públicos de consumo, así como de coordinación con las Oficinas Municipales de Información al Consumidor y las asociaciones de consumidores.

Asimismo, continúa realizando un seguimiento de la evolución del caso y de las reclamaciones presentadas por los ciudadanos con el objetivo de garantizar que todos los consumidores dispongan de la información y el apoyo necesarios para la defensa de sus derechos.

Para Arasti, "la actuación desarrollada demuestra el compromiso del Gobierno de Cantabria con la protección de los consumidores, tanto desde la perspectiva de la defensa inmediata de quienes se han visto perjudicados como desde la voluntad de impulsar mejoras que beneficien al conjunto de los ciudadanos".

El consejero ha recordado que Cantabria es la única comunidad autónoma que está realizando acciones de protección colectiva de los consumidores afectados, más allá de la información a los consumidores y la tramitación administrativa de reclamaciones y solicitudes de arbitraje.

"Queremos que los afectados obtengan una respuesta adecuada, pero también que esta situación sirva para fortalecer la protección de los consumidores en toda España. Esa es la razón por la que hemos actuado ante la Fiscalía, hemos solicitado la implicación de las asociaciones de consumidores y hemos llevado una propuesta concreta a la Conferencia Sectorial de Consumo", ha concluido.

La Dirección General de Comercio y Consumo continuará realizando un seguimiento permanente de la situación y pondrá a disposición de los afectados toda la información relevante a través de la página web https://comercioyconsumodecantabria.es y de sus redes sociales, con el objetivo de garantizar la máxima protección de los derechos de los consumidores cántabros.