Opinión


17/08/23

Guillermo Pérez-Cosío

  1. Una amnistía en venta

    Con motivo del enjuiciamiento por el Tribunal Supremo de los presos catalanes que impulsaron el procés, que acabó en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y en la declaración de independencia, Junts per Catalunya, ERC y la CUP aprobaron en septiembre de 2019 una resolución en el Parlament por la que se comprometían «una vez conocida la sentencia, si es condenatoria, a trabajar para encontrar soluciones para conseguir su libertad a través de la aplicación de una amnistía»

    Y es ahora, con motivo de la negociación abierta entre las distintas formaciones políticas para recabar el apoyo mayoritario que le permita alcanzar la presidencia del Gobierno, cuando Pedro Sánchez se plantea la necesidad contentar al prófugo Puigdemont a través de la concesión de la amnistía 

    Como bien cabe recordar, en la pasada legislatura el gobierno de Sánchez otorgó nueve indultos particulares a otros tantos presos independentistas encarcelados y lo de menos en esa ocasión fue que el propio Sánchez, uno de los coordinadores de la Conferencia Política del PSOE de 2013, hubiera defendido en ese foro con vehemencia un documento en el que se proponía el fin de los indultos por motivos políticos o económicos.

    El carácter de privilegio que tienen los indultos individuales se ha acentuado desde que la Constitución de 1978 prohibió autorizar los indultos generales que formaban parte de los atributos del Jefe del Estado y que con frecuencia venían ligados más al intento de contrarrestar el aumento de la población reclusa que a otra cosa.

    La verdad es que el viejo procedimiento que se arrastra desde 1870 para la concesión de los indultos particulares ni es público, ni general, ni objetivo, ni controlable porque, como se ha denunciado, su impulso queda confiado a aquellos que conocen los trucos para iniciados que hacen avanzar los expedientes y a los funcionarios del Ministerio que elaboran las propuestas según y cómo y por ello tienen mucha mano en el propio reparto de los perdones. 

    En todo caso, los indultos particulares vienen planteando un problema serio al movimiento separatista catalán, porque no pueden beneficiarse de ellos ni los procesados criminalmente que no hayan sido aún condenados por sentencia firme, en cuyo caso no solo se encuentra Puigdemont, ni los huidos de la justicia que no están a disposición del Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena que le haya sido impuesta, que alguno creo que también hay.  

    Por eso ahora se habla abiertamente de la amnistía, una figura muy criticada porque, mientas con el indulto particular se perdona la pena correspondiente a un delito determinado, con la amnistía lo que se perdona es el propio delito que se tiene a todos los efectos como no cometido.

    Nuestra Constitución guarda silencio sobre la amnistía y para algunos el problema se reduce a conseguir una ley que se apruebe con la mayoría absoluta de 176 diputados que resulta necesaria para ello, aplicando así esa tradicional y expresiva frase del constitucionalismo inglés que sostiene que «la Ley lo puede todo, menos cambiar un hombre en mujer». Ahora, incluso esto último se ha podido logar a través de una norma y contando solo con una mera manifestación del interesado en el Registro civil.

    Por ello no está de más recordar lo que ya decía el político ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos sobre los indultos generales en la Monarquía absoluta de Carlos III y que, con mayor razón, sería aplicable a la amnistía

    Aprovecho también la ocasión para avanzar que el ilustre gijonés estuvo en la crítica de los indultos generalesbastante más acertado que en sumarse al rechazo de la fiesta de los toros recordando que en el siglo XIII, en las Siete Partidas de Alfonso X El Sabio, se condenaba la tauromaquia al tachar de infames a los toreros por lidiar reses a cambio de dinero, al mismo tiempo que se prohibía a los prelados acudir a las corridas de toros.

    Volviendo al tema; para Jovellanos, en su exposición a la Real Sala de Alcaldes al Consejo de Castilla de 1779, no era conveniente limitar el efecto de los indultos a un número determinado de personas, añadiendo que «ninguna cosa da tanto impulso a la ejecución de los delitos, como la esperanza que conciben sus autores de evitar el castigo que les señalan las leyes; […] y nada fomenta tanto esta esperanza, como la muchedumbre de ejemplos de impunidad ofrecidos a la vista del público».

    Proponía, además, con enorme lucidez una serie de remedios alternativos a la prisión para los indultados, de muy conveniente aplicación hoy día para los presos independentistas, como sería dedicarse a las obras públicas o el ejército; es decir emplearse en «reparar por todo el Reino los puentes y caminos» en el primer caso, o bien incorporarse a la milicia porque «el rigor de la disciplina militar podrá a la vez hacerlos mejores, y cuando no, siempre causan un bien efectivo al Estado, que es el de llenar una plaza que de otro modo iría destinado el labrador o el artesano, con perjuicio de la agricultura o de la industria».

    Desgraciadamente, el fortalecimiento del Estado frente a sus enemigos interiores y exteriores y la defensa del bien común de los españoles no forman parte de las virtudes más sobresalientes de Pedro Sánchez y sí en cambio la de mostrarse artero y doble a costa de lo que sea y en todo aquello que favorezca su toma y permanencia en el poder.  

    Le toca por ello mostrarse una vez más como dócil servidor de los separatistas y aprobar una ley de amnistía que les otorgue la total impunidad por los graves hechos que alentaron en 2017. A no dudarlo, el Tribunal Constitucional dominado por Cándido Conde Pumpido, validará cuando llegue el momento esa Ley de amnistía a pesar de verse sometido por ello al descrédito y vapuleo por la opinión pública, porque como bien aconsejaba a los políticos Baltasar Gracián, nuestro Maquiavelo vestido con sotana de jesuita y Pedro Sánchez bien conoce y, más aún, practica: «todo lo favorable obrarlo por sí, todo lo odioso por tercero».

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