Cantabria reitera el compromiso con la protección de los menores migrantes, pero se niega a que sean "objeto de intercambio político" porque "son personas, no paquetes"

Gómez del Río se ha pronunciado así a las puertas del pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocado para mañana, "con un orden del día ilegal", para imponer un reparto forzoso de menores no acompañados entre las comunidades autónomas.

El Gobierno de Cantabria ha vuelto a exigir "transparencia, diálogo y responsabilidad" y una política migratoria comprometida con el interés del menor, no con su uso como "escudo político". Por eso, desde la Consejería de Inclusión Social han denunciado que el reparto diseñado por el Gobierno central sólo busca enfrentar a las comunidades autónomas entre sí, aplicando criterios arbitrarios, sin consenso y con el único objetivo de excluir del reparto a Cataluña y País Vasco, sus socios parlamentarios en el Congreso. 

"No se puede gobernar a golpe de decreto, sin escuchar a las comunidades autónomas, despreciando los cauces legales e ignorando el principio de igualdad entre territorios". Ante todo, han subrayado, debe prevalecer el respeto institucional.

Poner en riesgo el sistema de protección

"Cantabria no tiene falta de voluntad", ha asegurado Gómez del Río, pero exige una política migratoria "responsable y solidaria" que busque una adecuada protección de los menores sin poner en riesgo el sistema de protección actual. De hecho, han advertido del riesgo real de "colapso" del sistema, que ya funciona al límite de su capacidad. 

Además, la llegada forzosa de más menores, sin recursos, sin planificación y sin garantías, sin el compromiso del Gobierno de España de garantizar unas condiciones dignas de atención, imposibilita su atención personalizada y su integración. 

Por eso, Cantabria exige que el Gobierno central se haga cargo, de manera directa y con financiación propia, de la atención a los menores no acompañados en situaciones de emergencia como la que atraviesan Canarias o Ceuta o puedan sufrir otros territorios. Así se recogía en el acuerdo firmado en septiembre de 2024 y reiterado en la Declaración de Asturias.

Por el contrario, Cantabria sigue defendiendo que el Real Decreto-Ley 2/2025, de 18 de marzo, es inconstitucional porque invade las competencias de protección y tutela de los menores, que son exclusivas de las comunidades autónomas.

Fraude de ley y efecto llamada

Por último, Gómez del Río ha reiterado que es "inaceptable" la pretensión de trasladar menores sin asegurar su edad, lo que fomenta el fraude en la declaración de minoría y pone en duda todo el procedimiento. Por eso, la consejera de Inclusión ha criticado que el Estado se aleja "cada día más" de la verdad y la legalidad. 

Gómez del Río ha lamentado que el Ejecutivo nacional haya eludido su responsabilidad en materia migratoria: "Ni siquiera ha protegido a los más de 1.000 menores que han solicitado asilo y que el Tribunal Supremo les obliga a atender. En lugar de asumir su competencia, descargan la gestión sobre las comunidades autónomas".

Además, Cantabria ha mostrado su preocupación por el "efecto llamada", puesto que anunciar repartos actúa como un potente reclamo, lo que agrava aún más el problema que el Gobierno central "ni prevé, ni gestiona". 

La consejera también ha recordado que "desde 2022 se viene reclamando una política migratoria integral, seria y con visión de Estado". Sin embargo, la gestión "esperpéntica" que estamos viendo no ofrece garantías ni certezas.