El Gobierno de Cantabria muestra su rechazo al proyecto de Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades, en la Conferencia General de Política Universitaria

El consejero ha dejado claro el rechazo del ejecutivo cántabro al Proyecto del Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios y acreditación institucional de centros universitarios, que se ha abordado en el punto tercero del Orden del Día. Silva ha justificado esta postura aludiendo a cuestiones "de forma y de fondo". Ha hecho referencia a la "falta de transparencia y falta de comunicación por parte del Ministerio con las comunidades autónomas", criticando, además, la tramitación de urgencia del proyecto.

En cuanto al fondo, el titular de Educación cántabro ha destacado las "dudas jurídicas" y la pérdida de autoridad competencial por parte de las autonomías, "puesto que son los parlamentos autonómicos los que tienen la capacidad de decidir si se crea o no una nueva Universidad y esto no debe cambiar". 

Silva también ha criticado las recientes declaraciones de Pedro Sánchez, refiriéndose a su intención de endurecer los criterios de calidad en las universidades españolas para evitar así la proliferación de "chiringuitos educativos". El consejero entiende que estas palabras perjudican y dañan seriamente la imagen de calidad y diversidad del sistema universitario español, "algo que no puede permitirse un presidente del gobierno".

Finalmente, en el seno de esta Conferencia la mayoría de los territorios (13 incluido Cantabria) han pedido la retirada del proyecto de Real Decreto, mostrándose sólo tres a favor. 

En su turno de palabra, Sergio Silva también ha querido trasladar a la ministra la preocupación del ejecutivo cántabro porque la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que presentaba ayer en Santander la edición 2025 de sus cursos de verano, recupere la actividad y las cifras de matrícula que ha ido perdiendo, paulatinamente, tras la pandemia. En este sentido, el consejero ha pedido al Ministerio "acciones concretas y un compromiso expreso para impulsar la actividad de la UIMP y resolver los problemas de gestión y de naturaleza jurídica, que prometió que iba a atender y que, hasta el momento, no ha cumplido".