Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León logran el apoyo de otras seis autonomías y de las organizaciones agrarias en su rechazo a la especial protección del lobo

Así lo han anunciado los consejeros de Medio Ambiente de las cuatro comunidades autónomas que albergan la práctica totalidad de los lobos en España, tras mantener una reunión telemática con los secretarios generales de las tres OPAS nacionales, y en la que también han participado las consejerías de las comunidades autónomas de País Vasco, Aragón, Madrid, Murcia y Andalucía, y de la ciudad autónoma de Ceuta.

La reunión ha servido para aprobar la ‘Carta Abierta en apoyo a una gestión del lobo basada en el respeto al mundo rural, el consenso social y la coexistencia’, abierta a las adhesiones de otras administraciones, organizaciones y entidades.

Como impulsores de la iniciativa, han participado el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Guillermo Blanco; la consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez; el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones. 

Han asistido también el presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA), Pedro Barato, y los secretarios generales de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Blanco, y de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Lorenzo Ramos.

Todos ellos han abogado por la defensa común de una gestión del lobo ibérico basada en el respeto al mundo rural, el consenso social y la coexistencia y han reiterado a la ministra Teresa Ribera que vuelva al escenario del consenso y el diálogo y renuncie a continuar con la tramitación de la inclusión del lobo ibérico en el LESPRE.

Han considerado que el Ministerio no puede escudarse en dictámenes no vinculantes, “ignorando el origen del procedimiento, el rechazo frontal de las comunidades ‘loberas’ y forzando situaciones inéditas en órganos de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, en los que el diálogo y el consenso habían sido las señas de identidad hasta la fecha”.

Niegan que la consideración de los “indudables” valores culturales, científicos o ecológicos del lobo sea incompatible con su actual estatus legal y recuerdan que dichos valores y el objetivo de conservar la especie son “la piedra angular” de los actuales planes de gestión de Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León.

Rechazan que el Ministerio pretenda reducir el marco competencial y de actuación de las comunidades autónomas a la hora de gestionar el lobo porque “el actual estatus legal facilita su gestión en base a un sistema de control de ejemplares, y normas cinegéticas autorizadas por la Directiva Hábitats, tal y como sucede actualmente en Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León de manera eficaz y adecuada”.

Reclaman, además, el mismo respeto hacia el trabajo técnico y científico que desde años se viene realizando en las comunidades autónomas que “el que tenemos hacia la independencia del Comité Científico que aboga por incluir al lobo ibérico en el LESPRE”, de cuyo dictamen este caso “discrepamos totalmente”, al tiempo que han recordado que ha sido el propio Comité en su dictamen el que, a falta de una justificación legal para incluir al lobo ibérico en el LESPRE, considera que otros criterios de inclusión, como su valor científico, ecológico, cultural, singularidad, rareza o grado de amenaza, “están poco formalizados o no dejan de ser muy subjetivos”.

Nueva Estrategia Nacional

Partidarios de apoyar la gestión del lobo ibérico en el marco legal establecido por la Directiva Hábitats de la Unión Europea y el Convenio de Berna, las diez autonomías y las OPAS nacionales han abogado por trabajar en la elaboración de una nueva Estrategia de Conservación y Gestión del Lobo en España, “partiendo de las lecciones aprendidas de la aplicación de la Estrategia de 2005 y desde la plena lealtad institucional y con la participación de los sectores interesados”.

Entienden que la actual Estrategia “simboliza un punto de encuentro” entre las comunidades autónomas responsables de la conservación y gestión directa de la especie y el MITERD, “al ser precisamente el marco de referencia en la gestión del lobo ibérico en España, permitiendo que la especie haya incrementado tanto su área de distribución como su número en gran parte del país”, ofreciendo al MITERD su colaboración en la elaboración de la nueva Estrategia pero “sin ideas preconcebidas y posicionamientos estrictamente ideológicos”.

Por todo ello, dan la bienvenida al Gobierno de España a la realidad de la gestión del lobo, si bien puntualizan su rechazo “de manera tajante” a los apoyos que el Ministerio ofrece al sector ganadero de las zonas loberas y a las comunidades autónomas que “llevamos años cargando en solitario con las derivas sociales y económicas que implica su gestión”, a cambio de que “aceptemos que la especie sea incluida en el LESPRE”.

Igualmente, rechazan la propuesta del Gobierno de la Nación de apoyar al sector a costa de detraer fondos de otras medidas previstas en la nueva Política Agraria Común (PAC), “ya de por sí muy condicionada en sus presupuestos”.

Apoyo incondicional al sector ganadero

En la Carta Abierta que harán llegar al Ministerio, las autonomías y las organizaciones profesionales agrarias muestran su “apoyo incondicional” a la ganadería extensiva, a la que se han referido como “una actividad fundamental en la economía de las zonas rurales que precisa en las zonas loberas de un modelo de coexistencia basado en las medidas ya contempladas en los planes de gestión de las comunidades autónomas”.

También reconocen su valor ecológico y cultural con el que desempeñan un papel “clave” en el mantenimiento de la biodiversidad y de determinados hábitats naturales.

Finalmente, han hecho un llamamiento a todos aquellos colectivos, como otras comunidades autónomas, ayuntamientos, juntas vecinales, organizaciones de productores agroalimentarios, cooperativas agrarias y colegios profesionales, entre otros, que quieran sumarse a la Carta, a hacerlo a través de cualquiera de las comunidades autónomas promotoras o de las organizaciones profesionales agrarias.

“Tanto las comunidades que impulsan la Carta como los representantes del sector ganadero siempre hemos defendido una estrategia que permita el desarrollo de la ganadería extensiva, al tiempo que el cuidado del medio ambiente y el medio rural, y sólo pedimos al Ministerio que nos escuche y nos tengan en cuenta”, han subrayado.