El Gobierno presenta a la FMC las líneas maestras de la nueva Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria

El Gobierno de Cantabria ha presentado esta tarde a representantes de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) las líneas maestras del anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria (LOTUCA), actualmente en tramitación, que permitirá agilizar la tramitación urbanísticasin perder las garantías del procedimiento, y de protección de determinados valores, así como propiciar un crecimiento diferenciado en el caso de los núcleos urbanos y rurales.

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernandez, ha encabezado esta reunión en la que han estado presentes una amplia representación de los ayuntamientos que forman parte de la FMC de Cantabria, y donde ha estado acompañada por el director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Francisco Javier Gómez Blanco, encargado de dar a conocer los detalles de la futura LOTUCA.

Paula Fernández ha mostrado sentimientos enfrentados al reflejar alegría por ver de manera presencial a muchos alcaldes, contrastada con la tristeza de suplir al consejero titular de Urbanismo en un acto que "todo el equipo ha querido mantener para continuar con la hoja de ruta fijada por el Gobierno".

A nadie se le escapa que la futura Ley es un "compromiso y una obsesión", no sólo para la Consejería competente por razón de la materia, sino para todo el Gobierno regional, tal y como insistió el presidente durante el Debate del Estado de la Región pidiendo "unanimidad y consenso" pues, a juicio de la consejera, "va a mejorar muchísimo la gestión urbanística en los municipios de Cantabria".

Además, Paula Fernández ha resaltado que la normativa regula la "realidad singular" que vive la Comunidad Autónoma, marcada por las diferencias y expectativas de los núcleos urbanos y de los núcleos rurales, cuestión que contempla la ley, que recogerá todas esas peculiaridades.

Por su parte, el presidente de la FMC, Pablo Diestro, ha agradecido la "rápida convocatoria" de esta reunión y ha anunciado que mañana llegará a los municipios el documento de la presentación y el anteproyecto para su estudio, de cara a mostrar la conformidad con la nueva normativa, actualmente en tramitación.

Tramitación

El anteproyecto de Ley, que fue presentado a los miembros del Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo (COTU) y de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) la pasada semana, ya ha iniciado el trámite de consulta pública, tras su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, una simple declaración de intenciones pero que ya dispone del borrador del texto articulado para, posteriormente, llevarse a cabo el conjunto de audiencia de información pública. A tal efecto, se publicará un anuncio en el BOC que indicará el plazo para hacer sugerencias a través de la dirección web http://participacion.cantabria.es/, donde se podrá acceder al anteproyecto de Ley, durante un plazo que en ningún caso será inferior a diez días, para su posterior aprobación como proyecto de ley por el Consejo de Gobierno y su elevación al Parlamento.

En este sentido, el director general confía en que la norma llegue al Parlamento en el mes de noviembre con un amplio proceso de participación ciudadana y, aunque el texto normativo se encuentra sustentado en el proyecto redactado en la anterior legislatura, las novedades que se incluye son fruto del trabajo desarrollado por el actual equipo de la Consejería de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Los objetivos de los cambios introducidos ahora por el Gobierno regional buscan "agilizar al máximo" la aprobación de los planes urbanísticos municipales y los trámites que realiza el ciudadano en este ámbito, tales como licencias, autorizaciones, etcétera.

Gómez Blanco ha señalado que Cantabria ha querido también plasmar en la norma su modelo futuro en materia de crecimientos urbanísticos y clasificaciones de suelo pues, en su opinión, se da la circunstancia de que la Comunidad Autónoma tiene dos zonas diferencias, una muy urbana, con 20 o 30 núcleos principales, que ha ido creciendo a través del desarrollo de suelos urbanos y sobre todo de sectores de suelo urbanizable y otra más rural, en la que existen ayuntamientos más pequeños en los que no es posible, ni recomendable, este tipo de crecimiento.

Por eso, el Gobierno cántabro ha establecido un modelo distinto en cada caso para dar respuesta a esas diferencias en sus respectivos crecimientos y, en general, la futura Ley se adapta además a las últimas modificaciones incorporadas en la norma estatal, aportando una "mayor seguridad jurídica" y de "pleno respecto" al ámbito ambiental.

El director general de Urbanismo ha detallado que los portavoces de los grupos políticos con representación en el Parlamento ya conocen el borrador del texto normativo y ha asegurado que el Gobierno de Cantabria trabajará de manera incesante para sacar la ley adelante y para alcanzar el pleno consenso en el Parlamento.

Respecto a las posibles controversias entre los grupos políticos, el director general de Urbanismo ha adelantado que existen "diferentes concepciones ideológicas", por ejemplo, en el ámbito del suelo rústico, si bien, cree posible alcanzar un acuerdo y "en nuestra mano va a estar el intentarlo".

Ahora hay por delante un proceso de un mes y medio, en el que el Gobierno regional recabará las opiniones de todos los colectivos, desde colegios profesionales a asociaciones ecologistas, entre otros, con el objetivo de que sea un proceso "abierto" y recabar sus sugerencias, ha concretado Gómez Blanco. A finales de año, el Gobierno regional plantea presentar es el proyecto de Ley en el Parlamento.

Principales novedades

Entre esas novedades, el anteproyecto de ley reduce o elimina las cargas administrativas, acorta la tramitación urbanística, aunque sin renunciar a la protección de todos aquellos valores que sean merecedores de serlo.

Se lleva a cabo una nueva regulación del suelo urbano: desaparece la distinción entre suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado y se reduce a una única categoría de suelo urbano, en la que se clasificarán aquellos terrenos que reúnan los requisitos requeridos para ello.

Esta regulación respeta la legislación estatal básica y la establecida por los tribunales, mantiene el criterio de consolidación del 50 por ciento y cobra relevancia el informe de técnico competente sobre la capacidad de las infraestructuras a la hora de aprobar los nuevos planes generales de ordenación urbana (PGOU).

Además, se recupera la figura delos núcleos rurales como forma de asentamiento tradicional y típica de Cantabria, y dejarán de ser considerados como suelo urbano para pasar a ser una categoría de suelo no urbanizable. En la norma, se definen como aquellos ámbitos que sirvan de soporte a un asentamiento de población singularizado y diferenciado según los censos y padrones oficiales, integrado por tres o más construcciones merecedoras de un tratamiento específico en atención a sus características morfológicas, el carácter tradicional de su entramado o de sus edificaciones, su vinculación a la explotación racional de los recursos naturales u otras circunstancias que manifiesten su imbricación en el correspondiente medio físico.

De este modo, los núcleos de población de la región se dividirán en núcleos urbanos o núcleos rurales. Los primeros son los que reúnen los requisitos de la ley para ser considerados suelo urbano y los segundos son los que existen en el suelo no urbanizable.

Los núcleos urbanos podrán crecer, cuando ello sea necesario, mediante el desarrollo de sectores de suelo urbanizable o también, mediante zonas de crecimiento controlado en las corolas del suelo urbano. Serán, en cada momento, los PGOU los que, atendiendo a la morfología de cada núcleo, establezcan una u otra opción.

Por su parte, los núcleos rurales solo podrán crecer con viviendas unifamiliares adaptadas a ese entorno rural.

Agilidad en los planes urbanísticos

El Gobierno de Cantabria también agilizará la aprobación de los planes urbanísticos mediante la reducción de los trámites y plazos burocráticos, y se incorpora la última regulación aprobada por unanimidad en el Parlamento regional sobre Medidas Urgentes para el Desarrollo Urbanístico de Cantabria, de cara a agilizar la aprobación y la adaptación de los planes generales al Plan de Ordenación del Litoral (POL).

Así, se establece una nueva regulación en la tramitación de los PGOU y como principal novedad, el Gobierno regional propone eliminar la necesidad de someter de nuevo a exposición pública el PGOU antes de su aprobación provisional.

Con esta modificación, los PGOU de los ayuntamientos saldrán a exposición pública durante 45 días tras su aprobación inicial y, por idéntico plazo, antes de su aprobación definitiva, siempre que en el documento se hayan introducido cambios sustanciales, algo que suele ocurrir durante la tramitación intermedia y medioambiental.

Con el objetivo de incrementar la seguridad jurídica, la Consejería de Urbanismo hace un esfuerzo por definir y objetivar en la nueva norma los supuestos que suponen una modificación sustancial de los planes generales.

También, para reducir la carga administrativa que soportan los municipios, a la hora de tramitar los nuevos planes urbanísticos, se encomendará a la CROTU la misión de solicitar todos los informes sectoriales necesarios, para posteriormente remitírselos al ayuntamiento.

Asimismo, se crea un nuevo órgano de coordinación en el Gobierno regional para aquellos supuestos en que existan informes contradictorios.

Declaraciones responsables y mayor coordinación entre administraciones

En cuanto al régimen de las licencias y autorizaciones, se regula la posibilidad de que los ayuntamientos, mediante sus respectivas ordenanzas, autoricen las licencias de obra de pequeña entidad, que no supongan, por ejemplo, incrementos de volumen o que no requieran de proyectos técnicos en suelos urbanos.

Mediante una declaración responsable, también podrán autorizar la primera ocupación de viviendas, si bien, la misma deberá ir acompañada del certificado fin de obra del técnico director de las mismas, además de otro de un organismo de control autorizado.

Para aligerar el régimen de las autorizaciones previas para construir en suelo no urbanizable, cuando la competencia sea de la CROTU, se tramitarán directamente ante este órgano, frente al sistema actual que requiere de su tramitación previa ante el ayuntamiento para que este lo remita, a su vez, a la Comisión regional.

En materia de coordinación entre las distintas administraciones implicadas en la aprobación de los PGOU, se potencia la colaboración y los sistemas de información comunes, al regular la necesidad de que el Gobierno regional facilite a los municipios toda la información técnica y geográfica de la que dispone para que cuenten con la mejor información posible (riesgos, inundabilidad, erosión, etc.) a la hora de elaborar sus planes.

Asimismo, se regula la necesidad de que, antes de la aprobación inicial de los PGOU la CROTU emita un informe vinculante sobre la delimitación del suelo urbano y el crecimiento previsto, con lo que se evitarán los retrasos que se producen actualmente cuando estos informes llegan al final del proceso.

Viviendas en suelo no urbanizable

Respecto a la construcción de viviendas no vinculadas en suelo no urbanizable, el Gobierno regional realiza una propuesta abierta al diálogo, tendente a autorizar este tipo de construcciones en las denominadas 'Áreas de Crecimiento Controlado', que estarán situadas en el borde de determinados núcleos urbanos y rurales.

Además, se establece un régimen transitorio que permitirá la construcción en suelo no urbanizable de protección ordinaria, en las corolas del suelo urbano, siempre que el PGOU no disponga el crecimiento del núcleo mediante suelo urbanizable o cuente con menos de 250 viviendas.

En el caso de los municipios en riesgo de despoblamiento no se establece limitación de duración de este régimen transitorio y tampoco se establece un tamaño mínimo de parcela para la vivienda, con el fin de propiciar el asentamiento de la población y contribuir al desarrollo social de las zonas rurales de Cantabria.

Hay que recordar que en estos municipios apenas se han autorizado 17 viviendas de nueva construcción en el último año y 113 desde la entrada en vigor de la reforma de la actual Ley del Suelo que se aprobó en el año 2013.

Otras modificaciones

Otros aspectos que se modifican en el anteproyecto de Ley presentado por el Gobierno son el contenido de los estudios de detalle, el procedimiento de aprobación de los planes parciales y la regulación del derecho de realojo y de retorno.

Además, se introducen modificaciones en los tipos de bienes integrantes del patrimonio municipal del suelo, su régimen y la necesidad de su dotación en los presupuestos del ayuntamiento.

También habrá novedades en lo que se refieren al régimen legal del deber de conservación, el registro de solares, pequeños cambios en la tipificación de infracciones junto a modificaciones del POL para permitir la rehabilitación de las edificaciones no catalogadas.