María Sánchez afirma que es tiempo de "aplanar" la curva económica al tiempo que la de contagios

21/04/20


María Sánchez en el transcurso de la reunión de la Comisión de seguimiento del COVID-19 del Parlamento de Cantabria (Foto: Joaquín Gómez Sastre)

La consejera de Economía, María Sánchez, ha pedido hoy a los grupos parlamentarios "altura de miras" y sumar fuerzas para "reconstruir un futuro económico para Cantabria y para España". 

Para María Sánchez, es el tiempo de trabajar en "aplanar dos curvas", la de contagios y la económica, así como de poder optimizar las pérdidas de bienestar social. La salida de la crisis vendrá marcada, en su opinión, por el desarrollo epidemiológico del coronavirus y los escenarios del periodo de confinamiento, si bien, -ha asegurado- la "pelea" en el frente económico es que la situación sea "coyuntural y no estructural" para planificar la recuperación de la economía. 

La consejera ha agradecido la constitución de la Comisión de Seguimiento del COVID-19 en el Parlamento de Cantabria, en la que ha comparecido hoy, por lo que supone de mayor implicación directa de los grupos parlamentarios en la gestión que realiza el Gobierno de Cantabria y en la búsqueda de "soluciones conjuntas" y consensos que ayuden a superar esta adversidad "sin precedentes" que requiere, en opinión de María Sánchez, un "esfuerzo colectivo y solidario por parte de todos". 

Para la consejera, a la crisis sanitaria y social se van a sumar las consecuencias económicas que se alargarán en el tiempo fruto de un "shock de oferta y de demanda" sin precedentes, que han afectado a la cadena de valor y ha supuesto la paralización de la economía, el freno del consumo privado, el "desplome" del comercio internacional y un escenario de "elevada incertidumbre". 

Si bien, en su opinión, es complicado realizar estimaciones precisas dada la situación cambiante, ha citado un estudio de la Universidad de Cantabria que apunta a una caída de PIB de entre 3,46 puntos y los 15,04 puntos, similar a la caída a nivel nacional de entre 3,49 y 15,02 puntos y en el marco de las economías desarrolladas. 

María Sánchez ha apuntado al "impacto más preocupante" en el empleo. De hecho, en Cantabria se ha presentado ya más de 7.500 ERTEs que afectan a más de 42.000 trabajadores, cifras ascendentes al igual que las del paro a las bajas en la afiliación a la Seguridad Social. 

La consejera ha detallado el "impacto presupuestario" que tiene la crisis del COVID-19 en las cuentas autonómicas de 2020, elaboradas en un contexto "sanitario, social y económico totalmente diferente", por lo que están "caducadas antes de la primavera" por un cambio "radical" en la coyuntura. 

Por ello, María Sánchez ha señalado que la primera estrategia frente a la crisis económica es modificar el Presupuesto mediante la utilización de "todas" las herramientas que permite la Ley de Finanzas. 

En este sentido, ha explicado a los grupos parlamentarios que ya se han empezado a realizar las transferencias de crédito desde las distintas Secciones para dotar el Fondo Sanitario del COVID-19, dotado con casi 52 millones de euros al tiempo que se someten los gastos al control del Gobierno de España y ante Europa mediante el cuestionario que hay que enviar al Ministerio de Hacienda. 

En términos generales presupuestarios, a día de hoy, el estado de ejecución del presupuesto de gastos asciende a 29.61% y la ejecución del presupuesto de ingresos es del 27.37%, lo que supone una diferencia de 53 millones más de gastos sobre los ingresos. Esto es debido fundamentalmente a la caída en la recaudación autonómica y a los gastos excepcionales no previstos.

En estos meses, el Gobierno de Cantabria ha recaudado 61.5 millones y las medidas tributarias adoptadas suponen aplazar más de 40 millones de euros. 

Esos 40 millones de ingresos que el Gobierno de Cantabria renuncia a cobrar ahora, lo asume, tal y como explica la consejera, para "aliviar las dificultades económicas de personas, hogares y empresas, para que puedan tener una mayor liquidez para sobrellevar esta crisis".

En estos momentos, es, según María Sánchez, imposible realizar una cuantificación exacta sobre el impacto económico en la cifra global del presupuesto, porque "no sabemos cuánto y cómo se va a prolongar la situación de confinamiento, con su posterior levantamiento gradual". 

Ese nuevo gasto no previsto por el coronavirus deberá financiarse en primer término con baja en otros créditos del presupuesto, por eso ha anunciado que las Consejerías están realizando un "análisis profundo" de todos aquellos gastos que no son estrictamente esenciales para atender la emergencia sanitaria, económica y social, así como una "adecuada planificación de su actividad porque debido a la suspensión de plazos es posible que algunas actuaciones no puedan desarrollarse y pueda liberarse crédito de las partidas presupuestarias asociadas".

Posteriormente habrá, según Sánchez, que acudir a los remanentes de tesorería que existen en el sector público institucional, así como al endeudamiento si no es suficiente con todo lo anterior, además de las modificaciones presupuestarias. 

Liquidez 

La consejera ha apuntado las prioridades de cubrir gastos sanitarios y sociales, garantizar la renta de las personas y fomentar inversiones, así como inyectar liquidez al sistema para evitar colapso en la cadena de pagos. 

"Hemos abandonado la economía de planificación y nos encontramos ante una economía de guerra", ha afirmado María Sánchez, y, en consecuencia, los objetivos de estabilidad financiera quedan en segundo plano y en estos momentos "solo preocupa mantener el periodo medio del pago a proveedores", para lo que es fundamental tener bien actualizado el plan de tesorería, como consecuencia de la caída de ingresos. 

De hecho, ha señalado que en enero el periodo medio de pago a proveedores estaba en 106 días y ha pasado a 25 en febrero y a 24 en marzo y el objetivo es "mantener ese dato" con la prioridad al pago en el ámbito sanitario, que se mantiene dentro del plazo, para garantizar los suministros por parte de las empresas. 

En el mes de marzo se ha pagado por operaciones no financieras 242 millones de euros, frente a los 160 millones de euros del mes anterior. Esto ha supuesto un incremento mensual de casi 82 millones de euros, o lo que es lo mismo, en términos relativos, un 51,23 por ciento más que en febrero.

El aumento de pagos realizados se ha dirigido, por un lado, a seguir manteniendo el periodo medio de pago a proveedores por debajo de los 30 días. Así frente a los 55 millones pagados en febrero en concepto de facturas, en marzo esta cantidad ha aumentado hasta los 62.5 millones, lo que supone un incremento porcentual de más del 13 por ciento.

Pero, por otro lado, y dada la situación en la que nos encontramos, el mayor esfuerzo se ha centrado en el pago de muchas ayudas, que, si bien no computan para el Periodo Medio de Pago a Proveedores, intentan paliar la situación social generada por las medidas tomadas como consecuencia del estado de alarma.

Así, el pago por operaciones no financieras sin incidencia sobre el citado periodo, ha pasado de 104 millones euros en febrero a 179 millones en marzo, es decir se ha producido un incremento de 75 millones, o lo que es lo mismo un incremento del 71,28 por ciento.                                                      

Se trata, tal y como ha detallado, de los pagos de ayudas al alquiler de vivienda, que quedan actualizados; pagos a las ayudas para la contratación a desempleados por parte de las Corporaciones Locales; los pagos a los concesionarios del Plan Renove; los pagos a agricultores, ganaderos y autónomos. 

Entre las medidas de Tesorería adoptadas, María Sánchez ha destacado el adelanto del pago a las residencias de personas mayores por las estancias concertadas. Esta medida ha supuesto adelantar la fecha de pago en casi tres semanas respecto a la fecha pactada. La cantidad ha sido superior a los 7 millones de euros.

Además, el pago de las ayudas al alquiler de vivienda se ha nominalizado mensualmente, con lo que se persigue dotar al inquilino de la seguridad necesaria respecto a la fecha en la que va a recibir la ayuda. El pago del mes de abril se efectúo el pasado día 17.

Y, por último, para dotar a los Ayuntamientos de la liquidez necesaria para hacer frente a la situación de emergencia actual se van a abonar este mes cerca de 13 millones de euros.

Plan de Choque

María Sánchez ha detallado la respuesta del Gobierno de Cantabria en forma del Plan de Choque que moviliza 308,3 millones de euros procedentes de la reestructuración del presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2020 y que se estructuran en 3 grandes bloques fundamentales, el apoyo a las personas, el fomento de la actividad económica y medidas de carácter fiscal, para los que se han consignado 74,6, 193,6 y 40,1 millones de euros, respectivamente. 

Dentro de la primera de estas líneas de actuación destaca la creación del Fondo Sanitario COVID-19 para el suministro de medicamentos, la adquisición de material sanitario, el refuerzo del personal y la habilitación de nuevos espacios sanitarios, por importe de 51,8 millones de euros, mientras que los 22,8 millones restantes tienen como finalidad garantizar la renta de las personas y los hogares, con medidas como el complemento de la prestación a los afectados por un ERTE.

Concretamente, el Gobierno aportará una ayuda de 150 euros para los trabajadores afectados con suspensión de contrato y que no tengan complemento por parte de sus empresas, y también abonará 75 euros al mes por hijo menor a las familias que reciben la Renta Social Básica. 

La consejera ha dado cuenta a una serie de medidas en materia tributaria y de tesorería, que se desarrollan en el ámbito de su departamento tales como la ampliación de plazos para la presentación de declaraciones de impuestos de gestión autonómica (Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones, entre otros impuestos), un mes desde la finalización del estado de alarma.

Además, el Plan establece la exención de garantías en el aplazamiento y fraccionamiento de pago de deudas por tributos propios y deudas de derecho público, para deudas no superiores a 50.000 euros; la ampliación de plazos, aplazamientos y fraccionamientos de pago de deudas por el canon de agua residual. Se amplía el plazo de presentación hasta el 31 de octubre de 2020, sin que se devenguen intereses de demora durante el aplazamiento. Y, por último, la Inexigibilidad en los Intereses de demora de los tributos propios correspondientes a los tres primeros meses de los aplazamientos o fraccionamientos.

El impacto económico de estas medidas, señala María Sánchez, supone más de 40 millones de euros que repercute directamente en el presupuesto de ingresos. 

No obstante, ha asegurado que la Consejería de Economía y Hacienda agilizará los pagos comprometidos priorizando aquellos dirigidos a las personas más vulnerables, y manteniendo el periodo medio de pago a proveedores dentro de las recomendaciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Así mismo se tomarán medidas de impulso en el pago de las ayudas concedidas derivadas de la crisis del COVID-19.

El tercer bloque del Plan, es el fomento de la actividad económica, con un impacto económico de 193.6 millones:  que se centra en el apoyo a empresas y autónomos con el objetivo principal de reiniciar la economía con el menor daño posible a nuestro tejido productivo. 

El ICAF y Sogarca implementarán medidas de apoyo a la financiación de empresas y autónomos con dos líneas de avales, por valor de 130 millones, y otros 2 millones para subvencionar el coste del aval y financiero, condicionado al mantenimiento del empleo. Igualmente, se fomentará la inversión pública a través de empresas y autónomos, a lo que destinará 7 millones de euros y se destinarán otros 2 millones de euros para recuperación del comercio de proximidad, entre otras medidas. 

También forma parte de este plan de choque el Cheque de Resistencia, dotado con 10 millones de euros para ayudar a los autónomos y las micropymes que han cesado su actividad desde que entró en vigor la declaración del estado de alarma, así como el Cheque de Autónomos para los autónomos unipersonales que no pudieron acogerse a la medida anterior. Según recoge el documento, se va a aplicar una tarifa plana de 283,31 euros, equivalente a las cuotas sociales de un mes, que percibirán todos los autónomos con unos beneficios menores a 30.000 euros en el ejercicio 2019. 

Unión Europea

La consejera de Economía y Hacienda ha señalado la necesidad de apoyo por parte de Gobierno de España y de Europa. En este sentido, ha señalado que la Unión Europea ha reorientado sus fondos. En la parte que afecta a las regiones, hasta 28.000 millones de euros de fondos estructurales, procedentes de las dotaciones nacionales 2014-2020 aún sin asignar a proyectos, a los que se puede optar para la respuesta a la crisis.

Como región receptora que es Cantabria de los fondos estructurales, cabe señalar que se reorientarán 29 millones de euros en FEDER y 24 millones del Fondo Social Europeo, no comprometidos hasta la fecha de los tres fondos de la política de cohesión (FEDER, Fondo Social Europeo y Fondo de Cohesión). 

Según ha apuntado María Sánchez, la Unión Europea necesita un presupuesto fuerte y recuperar su papel primigenio y muestre determinación.




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