Cantabria apoya el nuevo modelo nacional de registro civil y prevé adjudicar a mediados de 2023 el proyecto de digitalización

El Gobierno de Cantabria prevé adjudicar el proyecto de digitalización de todos los registros civiles a mediados del próximo año, una iniciativa que supondrá una inversión cercana a los 800.000 euros, provenientes de los fondos europeos, y la transformación en formato electrónico de unos 1.600 libros que se encuentran en los municipios.

A ello se unirá la dotación de nuevos medios tecnológicos para los juzgados de paz y agrupaciones (equipos informáticos, escáneres, soporte de la nueva aplicación de gestión DICIREG y cámaras web), unos contratos que implican la inversión de 500.000 euros por parte del Gobierno autonómico.

La responsable de la Consejería, Paula Fernández Viaña, ha hablado del despliegue del nuevo registro civil durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Justicia entre el Estado y las comunidades autónomas con competencias, presidida en Navarra por la ministra del ramo, Pilar Llop, y a la que también ha asistido el director general de Justicia del Ejecutivo cántabro, Pablo Ortiz. 

Fernández Viaña ha destacado el cambio “trascendental” que supondrá la ejecución de este proyecto en los registros civiles durante el próximo año, ya que, actualmente, al margen de las cabeceras de los partidos judiciales, el uso del programa informático y la digitalización es “mínima” en los 94 municipios restantes.

De cualquier forma, ha informado que el objetivo de la Consejería de Justicia es proceder a la digitalización de los libros del registro civil de 94 municipios, que contienen todos los nacimientos, matrimonios y defunciones posteriores a 1960, estando actualmente digitalizados los registros correspondientes a los municipios que son cabecera de partido judicial (Santander, Torrelavega, Laredo, San Vicente de la Barquera, Castro Urdiales, Medio Cudeyo y Reinosa).

Nueva organización judicial

Por otro lado, la consejera cántabra ha trasladado al Ministerio el reconocimiento de la Comunidad Autónoma por el impulso a las tres leyes nacionales sobre eficiencia organizativa, procesal y digital, en trámite parlamentario en las Cortes, y que supondrá una nueva organización de sistema judicial al promover la implantación de la oficina judicial, la creación de los tribunales de instancia y las oficinas de justicia en los municipios.

Sin embargo, ante la ministra de Justicia, Fernández Viaña ha defendido la necesidad de contar cuanto antes con esta normativa y desarrollar un modelo de relaciones de puestos de trabajo “ágil y sencillo”, con el fin de que en el primer semestre del próximo año se negocien las cuestiones necesarias para su implantación efectiva.

En este sentido, ha apuntado que Cantabria ya tiene abierto el proceso negociador con los sindicatos para el desarrollo del nuevo modelo judicial en la autonomía, que supondrá, entre otras cuestiones, la puesta en marcha de unidades de tramitación procesal que ofrecen servicios transversales a todos los órganos de un determinado partido judicial.

Desde Cantabria, “consideramos que es un modelo muy necesario para mejorar el servicio público de la justicia”, ha señalado Fernández Viaña, quien también ha reconocido el trabajo pendiente en relación a su concreción en el ámbito autonómico, elaboración de las relaciones de puestos de trabajo y el diseño adecuado a cada partido judicial.