El PP cree que "blindar a la mujer de Sánchez" es el principal objetivo de la ley Begoña para suprimir la acusación popular

El PP de Cantabria ha afirmado que “blindar a la mujer de Sánchez” es el principal objetivo de la ley Begoña con la que el Gobierno del PSOE quiere suprimir la acusación popular. “Sánchez está decidido a crear un ámbito de impunidad para su mujer y para su hermano, aunque eso implique llevarse al Poder Judicial por delante”, ha señalado el senador autonómico y diputado regional, Íñigo Fernández, quien ha confirmado que en el pleno del próximo lunes, 3 de marzo, el Grupo Popular defenderá una proposición no de ley para que el Parlamento muestre su rechazo a los cambios en la ley propuestos por el PSOE, y advierte que “no puede haber impunidad”.

“La aprobación de la Ley Begoña constituye una amenaza para los principios democráticos de nuestro país al restringir el acceso a la justicia, debilitar el control ciudadanos sobre los poderes públicos y generar un entorno de impunidad en los casos de corrupción que, precisamente, acorralan al entorno de Sánchez: su mujer, su hermano, su Gobierno y su partido”, ha señalado Fernández. 

En su opinión, la Ley Begoña es “oportunista, partiditas. Una ley de impunidad y privilegios para el entorno de Sánchez y sus amigos. No se puede permitir bajo ningún concepto que los instrumentos legislativos y las instituciones del Estado sean utilizados en beneficio de los intereses particulares o para garantizar la impunidad de personas concretas”, ha señalado.

Además, ha recordado algunas de las razones por las que el entorno más cercano del presidente está siendo investigado: tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación, corrupción en los negocios, apropiación indebida, delitos contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal, revelación de secretos por autoridad pública. “Sin duda, un catálogo cuya zona cero siempre es la mima: Pedro Sánchez”.

Por último, Íñigo Fernández ha subrayado que “la aprobación de la Ley Begoña constituye una amenaza sin precedentes para los principios democráticos al restringir el acceso a la justicia, debilitar el control ciudadano sobre los poderes públicos y generar un entorno de impunidad en los casos de corrupción. Algo que desde el PP no vamos a consentir”.