Opinión


14/09/21

Javier Domenech

  1. Apaga y vámonos

    Ante el asombro generalizado, hemos sido testigos de la sabiduría jurídica y de cómo funciona la Justicia en España, con el ejemplo dado por el Tribunal Constitucional. Tras concienzuda meditación, Sus Señorías han necesitado nada más y nada menos que un año y medio para decidir si el Estado de Alarma decretado por el gobierno era o no ajustado al Derecho.. No tenían que estudiar muchos aspectos ni capítulos de una ley, sino simplemente comparar lo que dice la Constitución y lo que aparecía en un decreto. Sin matices intermedios necesarios. O la medida era constitucional o no. Todo el resto de la argumentación, en este caso si tiene razón el gobernante, son elucubraciones. El Tribunal Constitucional no tiene la misión de decir como deben ser las leyes o las alternativas que puedan existir. Simplemente, decir si o no, con las argumentaciones precisas. Y el asunto parece claro: el Estado de Alarma o el de Excepción persiguen fines válidos, para confinar a la población, pero con un matiz clave, mientras el de Alarma, que fue el que usó el gobierno, no permite nombramientos ni decretos al margen del parlamento, el de Excepción, requería una  aprobación parlamentaria, institución a la que el actual Gobierno tiene una particular alergia. Y así, no fue presentado  ante las Cortes, por cálculo político o por ignorancia supina y ahora damos vuelta al reloj y volvemos a marzo del 2020, eso sí, dejando bien claro por la Ministro portavoz del Gobierno, que las leyes se deben cumplir según las circunstancias y que gracias a esa medida se evitaron casi medio millón de muertos, aunque ignorando porqué sí murieron otros 100.000 sin que se tomasen medidas sanitarias adecuadas, por un gobierno que aún no ha sido capaz de contabilizar la cifra de víctimas definitiva.

    La consecuencia ha sido, que después de un año y medio, millones de españoles han sido no solo aislados parcialmente del avance del virus, sino que ha supuesto la clausura de toda la actividad económica del país y ha motivado la ruina de muchas empresas, perdidas de trabajo y miles de multas que hoy se consideran ilegales. Y ahora tras los daños producidos por la pandemia, tanto a nivel humano como económico, avanzamos de asombro en asombro, de irritación a irritación, ante el continuado reguero de irregularidades, contemplando cómo este país se deshace no solo territorialmente, sino que se pierde el crédito de sus instituciones. Todo, por los sesudos y perezosos debates internos de un tribunal, que una vez más ve sus decisiones cuestionadas o sujetas a presiones políticas su labor.

    Imaginemos el caso de un enfermo que acuda a un médico ante la aparición de síntomas extremadamente graves y el galeno, en lugar de realizar un diagnóstico e iniciar un tratamiento con la urgencia necesaria, consultase con sus colegas el carácter más o menos grave del proceso y después de un año y medio le dijese al paciente que, efectivamente, estaba gravísimo y ahora, incluso peor. O que la enfermedad requería un tratamiento completamente distinto al aplicado inicialmente. Sería no solo inconcebible e injustificable, sino que además, las consecuencias del retraso en el diagnóstico condujeron al empeoramiento del paciente.

    Esto no reza en el caso de la Justicia del alto tribunal. No se requerían nuevas requisitorias, plazos, peritaciones, ni tramitación de expedientes. No precisaba de información añadida, ni  había otro nivel de consulta o apelación. Lo que dijesen, habría sido aceptado en un estado democrático. Pero no fue así. Uno tras otro, transcurrieron más de 14 meses, sin que tuvieran que dedicar su tiempo a ninguna otra decisión de mayor urgencia. Y al final, decidieron lo que probablemente podrían haber hecho en cuestión de días o semanas como mucho. Mientras tanto, se cerraba empresas, el país se paralizaba, se actuaba por decreto, se procedía a continuos nombramientos y la legalidad de todo permanecía en el limbo jurídico de Sus Señorías, sopesando la trascendencia de su decisión, para finalmente pronunciarse en apretada votación, como si los hechos  pudiesen  cambiar con el devenir de los acontecimientos. O para acabar echándose unos a otros las culpas exigiéndose puntualizaciones y rectificaciones que asombran a cualquier persona sensata.

    Eso si, durante todo este tiempo hemos contemplado un continuo debate sobre  cómo renovar el Consejo Superior del Poder Judicial, con varios avisos desde la Comunidad Europea por la forma en que se procede a los nombramientos,  nos hemos topado con la burla hacia sentencias realizadas por el Tribunal Supremo tras las burlas de los  separatistas sobre las condenas, inútiles al ser anuladas por decisiones políticas y seguimos debatiendo sobre la necesidad de cambiar a los miembros de los tribunales, cada vez que se pronuncian sobre una decisión, acusándoles de sesgo político o cuestionando su capacidad jurídica, en lugar de acatar sus pronunciamientos.

    Si ese es el crédito que desde ahora va a atesorar el Tribunal Constitucional, tras su inaceptable retraso en definirse al que se añaden las críticas a sus decisiones y la descalificación de sus integrantes, apaga y vámonos.

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